El juez de Revisión de Salta, dictó este lunes el pedido de auto elevación a juicio a los empleados de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y al empresario Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los dos primeros fueron acusados en calidad de coautores, mientras que el tercero, propietario de una empresa de servicios de logística digital, deberá responder como partícipe necesario.
La remisión fue solicitada por el fiscal Ricardo Toranzos, quien inició la investigación del caso el 25 de octubre del 2021 a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones
En particular, apuntó contra dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites. Fueron sindicados como responsables Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras.
En función de las pruebas reunidas, el fiscal afirmó que los dos funcionarios públicos no sólo obraron de “manera interesada” en favor del empresario, sino también que “realizaron varios trámites para que gane las contrataciones”.
En tal sentido, explicó que los servicios consistían en la asistencia en materia de audio, video y pantallas leed destinados a encuentros realizados en distintos centros de jubilados, con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI.
Precisó que, mediante esta modalidad, los imputados causaron un perjuicio económico al Estado Nacional de poco más de 3 millones de pesos. Al respecto, el fiscal resaltó la efervescencia exteriorizada por los acusados por las facturas que salían a nombre de Villagrán Di Pietro.
