El clima de la reunión de gabinete de este jueves en Casa Rosada fue muy tenso. La reunión trató, casi en su totalidad, el debate parlamentario de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. El presidente respaldó a Luis Caputo ante el resto de sus ministros.
El titular de Economía lanzó ayer una dura advertencia contra los gobernadores al anticipar que si sus diputados no acompañan la aprobación de la Ley Ómnibus, se acabarán las partidas discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional a las provincias.
“Los voy a dejar sin un peso”, dijo y repitió el Presidente, en referencia a los mandatarios provinciales.
Retenciones, el punto de conflicto con los gobernadores que generó la dura frase de Milei
El presidente está sumamente preocupado porque, al ser economista, conoce perfectamente cuáles son las variables que el gobierno necesita para poder cumplir con la meta central del acuerdo con el FMI, que es un superávit del 2% al cierre de 2024.
Para alcanzar esa meta, el Gobierno necesita, de alguna manera u otra, recaudar más dinero. Y hay cuestiones de la Ley de Bases que son fundamentales para eso. Por ejemplo, la subida de retenciones, que es el tema central de debate con los bloques opositores racionales, sobre todo con la UCR, con el PRO y con Hacemos Coalición Federal.
El gobierno entiende que, si las modificaciones que esos bloques proponen sobre la ley finalmente se llevan a cabo en la votación en particular, se pondría en riesgo el cumplimiento del acuerdo con el Fondo. Las retenciones son una herramienta recaudatoria muy importante para el Estado, por lo cual las necesita al menos durante un tiempo para poder cumplir con el Fondo Monetario.
Algo similar ocurre con el tema de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno propone un sistema indexado con la inflación a partir del mes de abril, el aumento correspondiente al mes de marzo se hará con la fórmula que deja el gobierno de Alberto Fernández. La transición de un sistema al otro, con el vacío que conlleva la unificación de una modalidad hacia la otra termina beneficiando al gobierno, que no tiene que desembolsar una suma de dinero en marzo y le permite tener más capacidad de ahorro al menos durante el primer trimestre.
