Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron la recepción de estos mensajes intimidatorios que llegaron por Instagram.
"Te vamos a matar. El sicario de La Matanza", fue la dedicatoria de la amenaza que recibió la funcionaria por redes sociales.
"Hija de p... vos y Milei son unos garcas la c... de tu madre ya sabemos dónde vivís te vamos a matar", fue el otro mensaje amenazante. Asimismo, Milei también fue víctima de las amenazas.
Semanas intensas para Patricia Bullrich
Probablemente Bullrich haya sido la ministra con mayor protagonismo en las primeras dos semanas de gobierno de La Libertad Avanza, que a partir de los anuncios que comenzaron con el vocero presidencial Manuel Adorni y concluyeron con el DNU que leyó parcialmente el jefe de Estado, incrementó la tensión social y fue desatando diversas manifestaciones en todo el país en las últimas jornadas.
Previo a las protestas, Bullrich había presentado el protocolo "antipiquete". Precisamente, uno de los puntos de ese protocolo es que el gobierno cobraría a las organizaciones sociales que se manifestaran por el operativo de seguridad dispuesto. Hoy, Adorni reveló que el costo del operativo dispuesto en la movilización piquetera realizada el pasado miércoles fue de 60 millones de pesos.
"El costo del operativo estimado es de $60 millones. Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía", precisó desde el salón de conferencias en Casa Rosada.
Adorni identificó a 14 organizaciones a las que les hará llega "la factura" del operativo: el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, La William Cook, MTR - 12 de abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, FOL, Barrios de Pie, Torres, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Movimiento Patria Justa.
En la misma línea, develó que la línea 134, canal que recopila denuncias anónimas contra dirigentes y punteros políticos que funcionan como intermediarios en la distribución de beneficios sociales, acumuló un total de 16.150 llamadas, de las cuales 1200 se encuadran bajo el delito de extorsión y defraudación del Estado.
"Hemos realizado la denuncia por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el delito extorsión y defraudación al Estado", afirmó el vocero, y completó: "Hay 32 personas denunciadas, se da el detalle de quiénes son, cómo se llaman y en qué organización operan".
La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
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