En medio de las críticas del kirchnerismo a la Corte Suprema y el pedido de renuncia de sus miembros, los magistrados establecieron este viernes el cronograma de audiencias públicas para el primer semestre del año.
Específicamente, debatirán la constitucionalidad de cuatro temas de relevancia pública y social: las causas relativas al cultivo del cannabis medicinal, el derecho al olvido, la extinción del Yaguareté y los corredores inmobiliarios.
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Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema
La decisión fue tomada por los miembros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en el primer acuerdo de ministros que se realizó esta semana.
¿Qué son las audiencias públicas?
Vale recordar que en 2007, el máximo tribunal implementó las audiencias públicas con el propósito de "elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho".
Las reuniones son públicas, y allí concurren los representantes legales de las partes para ser escuchadas e interrogadas por los magistrados de la Corte, quienes luego fallan en función de estos y otros elementos.
Desde su implementación en 2007, informó la Corte, se realizaron 37 audiencias públicas para "garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos".
¿Qué debatirá la Corte Suprema?
En el caso del cannabis, la Corte deberá atender el cuestionamiento a la exigencia de inscribirse en un programa estatal de investigación, como condición para acceder al aceite, además de la objeción a la prohibición del autocultivo para tratamiento en menores.
En el derecho al olvido, los cuatro jueces deberán analizar el pedido de bloqueo de información en internet que afecta la privacidad de las personas por hechos ocurridos en el pasado.
En otra audiencia pública se discutirá un pedido para preservar el hábitat del Yaguareté -en peligro de extinción-, que implicaría la suspensión de una "explotación productiva".
Finalmente, antes de mitad de año, la Corte escuchará los argumentos en torno a los "corredores inmobiliarios", sobre los conflictos recurrentes entre los colegios de corredores y las empresas de "servicios complementarios" a la actividad inmobiliaria, por los alcances de esa actividad profesional.
