En aquellos años, inicios de los 80 en una Argentina todavía en dictadura, Saibek ya era una persona trans. Estaba a punto de tomar un colectivo en Buenos Aires. Cuando subió, revisó sus bolsillos y se dio cuenta de que no tenía monedas.
El conductor no la invitó a bajarse ni aceptó la excepción de llevarla sin pagar, algo que sucede con frecuencia. Sólo le dijo con odio y usando el pronombre masculino: “Pasajeros sin boleto no llevo”. No le permitió bajarse y la llevó directo a la estación de policía más cercana. Pasó un día detenida y la obligaron a firmar un acta que decía que infringía el artículo 68 del Código de Faltas de la provincia.
Ese artículo establecía de cinco a 30 días de arresto y sanciones económicas a quienes ejercían la prostitución en el territorio bonaerense; una vía libre y una forma de legitimar la persecución y los abusos policiales que establecía con otras normativas en las ciudades del resto del país.
Algunas décadas después de esos abusos, Saibek es una mujer casada, que vive con su marido y trabaja como esteticista. Puede contar su historia. Pero no sucede lo mismo con travestis y trans que perdieron su vida por los abusos policiales y otras formas de violencia contra las personas LGTBI.
“Con una expectativa de vida promedio de entre 35 y 40 años, las personas travestis, trans y no binarias son negadas a derechos básicos como la educación, la salud, el acceso a la vivienda digna y al trabajo. El estigma social sigue siendo un factor determinante que promueve la violencia estructural y las desigualdades en materia de derechos humanos”, dice el informe publicado en mayo por el Ministerio Público de la Defensa y el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. “Sufrimos golpes y vejaciones de todo tipo. Nos sacaron de la vida. Por eso es necesaria una reparación”, dice Saibek (56).
Cuando Marcela habla de reparación, se refiere a la Ley de Reconocimiento de la Deuda Histórica con la Comunidad Travesti Trans, uno de los proyectos impulsados por colectivos travesti-trans y por la diputada nacional Mara Brawer. Son tres proyectos los que están en curso y con estado parlamentario; es decir, están siendo tratados en las comisiones correspondientes.
El de Brawer es uno de los que se discute con resonancia. Propone una ley nacional y la compatibilidad del cobro de la pensión con el desempeño de actividades laborales en relación de dependencia o por cuenta propia así. De todas formas, la idea es avanzar con consensos para unificar en un solo texto y lograr la mejor ley posible. “A los 18 años, me puse silicona industrial. Era lo único que nos daba una forma femenina. Eso es aceite de avión que se compraba en bidones. Te mata. Imaginate, nos la poníamos entre nosotras, sin asepsia, con un sufrimiento horrible. La prostitución, el frío y la calle y las sustancias que una tomaba dan como resultado una expectativa de vida de 40 años”, cuenta Marcela.
En 1998, se derogaron en la ciudad de Buenos Aires los edictos policiales que criminalizaban por ser travestis o trans. Una década después lo hizo la provincia de Buenos Aires y otras del territorio argentino, que en sus actas hablaban de “actos de homosexualismo” y “vestirse con ropas del sexo opuesto”. El único fin era criminalizar a personas LGTBI y en ejercicio de la prostitución.
La lucha es por una ley que repare esos daños provocados por el Estado, como los que cuenta Marcela y otras miles, que sufrieron detenciones, encarcelamientos y demás tormentos. “Ahora Argentina tiene la ley de identidad de género y el cupo laboral trans. Son todas cosas a favor de las chicas trans más jóvenes. Pero nosotros no tuvimos nada. Íbamos caminando por la calle y nos metían presas. Es una reparación económica pero también moral, aunque nunca alcanzará por el daño que nos hicieron”, resalta Saibek.
María Eugenia Azar, integrante del colectivo travesti trans Las Históricas Argentinas que nuclea a mayores de 40 años, resalta que la ley alcanzaría a unas 2.000 personas sobrevivientes en todo el país. Y señala que la salud es uno de los problemas más acuciantes de la comunidad.
“La mayoría de las compañeras tienen problemas pulmonares y otros asociados al uso de siliconas industriales. A raíz de eso, cualquier golpe puede causarles una hemorragia interna y el riesgo de que esa silicona se siga expandiendo; no se puede extraer y se mezcla con el tejido de la piel. Muchas tienen VIH y una salud muy frágil por haber estado en la calle durante años”, explica.
Docente y militante de Mujeres Trans Argentina (MTA), Alejandra Silvestre señala que la población travesti trans vivió en situación de clandestinidad tanto en años dictadura como en democracia y habla de un mensaje que la sociedad grabó a fuego en el colectivo. “Se nos dijo que no servíamos para trabajar y sólo podíamos estar en una esquina o en redes de prostitución, vulneradas de todos nuestros derechos. Por ejemplo, nadie habla de trata de mujeres trans. Nos morimos a los 40 años -o antes- porque somos víctimas de un sistema. Estamos envejecidas y castigadas, sin controles médicos y con violencia por parte del sistema de salud”, marcó Silvestre.
Ella misma sufre en carne propia las faltas del sistema de salud en la atención de las personas trans. “Siendo profesional y docente, yo tengo que viajar porque en mi ciudad no hay especialista en endocrinología para terapias hormonales. El Estado debe dar respuesta al horror que cometió”, finalizó.
Argentina tiene una larga historia de lucha por la adquisición de derechos de la población travesti, trans y no binaria. En 2010, se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario; dos años después llegó la Ley de Identidad de Género, que permite la autodeterminación del género. Y en 2021 fue el turno de la Ley 27636, más conocida como Cupo Laboral Travesti Trans. Ésta última establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población.
Si el Estado argentino apunta a una integralidad en las políticas públicas, la reparación histórica debería ser una realidad. Sin embargo, la iniciativa legislativa es sólo el emergente de la lucha. El motor está en las numerosas agrupaciones que acompañan y en una fuerza popular de redes comunitarias que lograron otras conquistas en el país.
En una tarde lluviosa en Buenos Aires, Marcela Saibek habla de sus servicios de esteticista. Dice que también hace reiki y que le interesa aprender cosas nuevas. Sigue la charla con una pregunta que ella hace.
-¿Sabés por qué merecemos una reparación histórica?
-¿Por qué?
-Porque fuimos objetos sexuales y de descarte. Servíamos para eso nomás. Yo traté de cambiar y de luchar. Estoy en pareja hace 17 años y ahora casada legalmente. Pero las miradas siempre fueron de burla y agresión. Yo conseguía un trabajo, caía presa y perdía los trabajos por eso. No existía el amor para nosotras.
El País
