Mientras el Gobierno se encuentra a la espera de que Estados Unidos comience a informar sobre las cuentas de los argentinos en ese país, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya logró determinar ganancias no declaradas de otras jurisdicciones. Se trata de Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Suecia.
Son naciones que cuentan con acuerdos de Intercambio Automático de Información en materia tributaria, en el marco de los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional y Evitar la Evasión, según detalló la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La información corresponde al período fiscal 2019 de personas que tuvieron activos en esos países y que, según indicó el organismo que conduce Carlos Castagneto, pagaron impuesto a las Ganancias por menos de lo que correspondía, o no pagaron. Se trata de 359 contribuyentes a los que se les determinó un impuesto a pagar por $1.000 millones.
El procesamiento de datos para lograr que se determine si una persona no le pagó al fisco lo que correspondía no es sencillo. Según explicó, Gabriel Herminda, del estudio Auren, “son datos del 2019 que se recibieron en 2020”. En otras palabras, la AFIP casi demora dos años en analizar la información y poder establecer si un contribuyente presenta inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Si bien la cifra involucrada es insignificante (representa el 0,006% de la recaudación acumulada hasta noviembre de este año), para la AFIP tiene la importancia de ir estableciendo la pauta a los contribuyentes de que es conveniente declarar todos los activos en el exterior, ya que de alguna manera, los datos llegarán tarde o temprano a poder del fisco. “La AFIP generó las respectivas fiscalizaciones electrónicas a esos contribuyentes a efectos de que incorporen las rentas del exterior omitidas en sus presentaciones de impuestos”, se informó oficialmente.
Para tener en cuenta las dimensiones de datos que se manejan a nivel global, las administraciones tributarias de 135 países que suscribieron el acuerdo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), intercambian información de 111 millones de cuentas financieras, que representan activos por 11 billones de euros al año. Argentina estima que hay fuera de su territorio sin declarar activos por u$s100.000 millones.
Hermida explicó que los acuerdos firmados en el marco de la OCDE contemplan que los gobiernos envíen información de las rentas en las cuentas de ciudadanos en el exterior por período fiscal. Este año AFIP consiguió los datos de 2021 y para finales de 2023 los de 2022, mientras que para 2024 van a estar disponibles los del acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos.
En relación al acuerdo con Estados Unidos, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), planteó que "tiene un aspecto positivo porque si hay cuentas no declaradas a nombre de alguien se van a conocer, aunque ese no es el 100% de la información". El economista explicó que si un residente argentino tiene una sociedad en el estado de Delaware, las cuentas de esa empresa no se van a informar. Pero aún así considera que es un avance.
En otro aspecto, en materia de control fiscal actualmente la OCDE trabaja en un nuevo Marco para la Presentación de Informes sobre Criptoactivos, en tanto que una de las primeras acciones de las administraciones fiscales a nivel global es la digitalización, para facilitar así los controles.
Si bien en Argentina se asocia el control de activos en el exterior a la idea de “fuga” de capitales no declarados o provenientes de actividades no declaradas, a nivel global este tipo de acuerdos buscan evitar que a través de planificaciones fiscales las grandes corporaciones trasladen sus beneficios hacia países de menor tributación. El concepto por su sigla en inglés es BEPS (erosión de la base y traslado de ganancias).
En términos esquemáticos, es crear empresas en paraísos fiscales y trasladar a estas la rentabilidad obtenida en otro lado. Según estimaciones de la OCDE las naciones en desarrollo son las que sufren de manera desproporcionada este tipo de artilugios. Se estima que las pérdidas anualmente serían de entre u$s100 mil a $240 mil millones.
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