El proyecto de ley que ya cuenta con media sanción y pasó al Senado prevé que los deudores alimentarios no puedan acceder a cargos jerárquicos dentro del Estado. El mismo había sido puesto en acta durante siete veces sin tratamiento. Fueron más de 20 los diputados que acompañaron la inicitativa.
El texto se centra en tres aspectos centrales, el primero hace referencia a que no podrá ser designado en ningún cargo jerárquico del Estado quien se encuentre incluido en el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Salta (ley 7411). El segundo limita el ingreso al empleado a la planta permanente de dichos organismos, pero incluye una cláusula que permite el ingreso en la medida que en un plazo de 30 días el deudor notifique al registro de su condición y se comprometa a salir de la situación de incumplidor. El tercero es de forma.
Juárez comentó al respecto: "Este proyecto habla de un doble esfuerzo en su gran mayoría de las mamás por ocupar económicamente el espacio de una responsabilidad que es compartida. El esfuerzo económico para que sus hijos coman todos los días, esta ley va dedicada a ellas".
Con respecto a los funcionarios, la diputada dijo que "deben estar limpios, sin antecedentes de cosas éticas y morales para que cuando tomen decisiones lo puedan hacer desde ese lugar, porque si uno piensa en su propia sangre difícilmente pueda tomar decisiones para la sociedad. Desde que una madre toma la decisión de reclamar el proceso puede durar entre 1 y 2 años, es decir, hay instancia previas para no llegar a ser deudores alimentarios. Sin embargo, 899 personas (cinco mujeres y el resto varones) hoy integran el registro", según indicó. Por lo que pidió "sanciones vinculantes" a quienes no cumplen.
